México: las elecciones estatales de junio

By Iván Seira, Federico Manuel Casas, Federico De La Vallina, Julia Farías Güizzo y Sofía Santamarina.

Editor: Ignacio Lara.

Diseño: Ramón González.

¿Qué se vota?

El próximo 4 de junio los ciudadanos mexicanos con residencia en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz elegirán 525 Diputados locales. Los partidos políticos de México, sus candidatos y la ciudadanía mexicana en general estarán expectantes a las elecciones de este año que serán la antesala del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el cual permitirá renovar los cargos de Presidente de la República, Senadores (128) y Diputados federales (500).

México está compuesto de 31 Estados y un distrito federal. Cada una de estas unidades políticas es soberana y se da a sí misma una forma de gobierno republicana de acuerdo con la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. El jefe del Poder Ejecutivo es el gobernador y cada Estado se divide en ayuntamientos. El Poder Legislativo se compone del Congreso Estatal y los ayuntamientos, de los Consejos de Regidores. En ambas instancias el sistema electoral es mixto.

En Veracruz, los 212 ayuntamientos en juego están compuestos por un Presidente Municipal, un Síndico y Regidores. Según su sistema electoral, el partido que gane por mayoría simple de votos obtendrá la Presidencia y la Sindicatura, mientras que las Regidurías son electas mediante el principio de proporcionalidad. Actualmente, Nayarit, Hidalgo y Coahuila son los únicos Estados en donde Regidores y Síndicos se eligen por sufragio directo, mientras que en el resto del país se postulan mediante planilla acompañando al Presidente Municipal.

Los Consejos de Regidores poseen un diseño electoral mixto[1]: del total de los 525 cargos a renovar entre los 4 distritos, 445 cargos de la cámara serán electos por el mecanismo de mayoría simple (casi el 85%), mientras que los 80 cargos restantes se elegirán a través del sistema de representación proporcional. Por consiguiente, el elector tiene dos votos: uno para la elección uninominal por mayoría simple donde se elige un candidato por distrito (aquel que obtenga la mayor cantidad de votos obtiene la banca), y otro, para los que son elegidos por medio de una lista cerrada de forma proporcional, donde se distribuyen los cargos en función al porcentaje de votos obtenido por cada partido. Dado que la mayoría de los cargos son sometidos a la regla de mayoría simple, el sistema beneficia a partidos más grandes en cada uno de los distritos.

El objetivo de aplicar un sistema mixto es compensar el efecto de un sistema mayoritario con uno proporcional. De esta forma, la ingeniería institucional da lugar a la entrada a la cámara de partidos minoritarios, pero sin poner en riesgo el objetivo de la gobernabilidad.

Este diseño institucional obliga a los partidos políticos a coordinar sus estrategias en las distintas arenas de gobierno, debiendo realizar un cálculo en término de costos y beneficios a la hora de estructurar coaliciones para cada una de las arenas electorales, pudiendo coincidir las estrategias adoptadas entre los partidos en los distintos niveles de gobierno.

Rodden (2007) especifica que la importancia de tal congruencia radica en la estabilidad y gobernabilidad que pueden brindar los partidos integrados, aquellos que actúan de manera coordinada e interdependiente entre el nivel nacional y el subnacional. Por el contrario, si bien la desintegración y ciertos niveles de autonomía subnacional favorecen la representatividad de los partidos (Brancati, 2008), pueden acarrear consecuencias negativas para la estructura nacional del partido.

Sistema de Partidos Mexicano

El sistema de partidos mexicano ha mutado durante los últimos veinte años de democracia: pasó de ser un sistema de partido hegemónico, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) detentando la presidencia por 71 años ininterrumpidos,  para convertirse, desde el año 2000, en un sistema más competitivo, con partidos que se alternan en el poder y con la necesidad de formar coaliciones legislativas para que el Presidente encuentre apoyos a su agenda de gobierno en el Congreso de la Unión.

A partir de las elecciones de 1995, el PRI se vio fuertemente golpeado por dos hechos: en primer lugar, un duro revés a su base electoral, obteniendo un porcentaje de votos mucho menor que en elecciones pasadas. Por otra parte, quedó claro que a partir de ese año tendría que dialogar con otras fuerzas partidarias debido a que el sistema político daba lugar a nuevos actores en la arena electoral: en ese momento, los partidos políticos opositores dejaron de ser meros sellos ideológicos y pasaron a ser tolerados y considerados como piezas necesarias en el mantenimiento del equilibrio político. En dichas elecciones el Partido Acción Nacional (PAN) consiguió vencer al PRI en 4 Estados y 222 ayuntamientos, de los cuales 13 eran grandes centros urbanos, incluyendo a todas las ciudades capitales de los Estados en juego (Loaeza, 1997).

El PAN, nacido en 1939, se define a sí mismo como un partido de centro, afín a las ideas de la democracia cristiana. Desde sus orígenes ha sostenido doctrinariamente un fuerte compromiso con el régimen constitucional, considerando a las elecciones como la única vía de acceso al poder.

Dicha doctrina ha servido a sus candidatos como estrategia electoral; así fue como en las elecciones de 1995, su base programática lo dotó de credibilidad y legitimidad para dar el gran salto y poder alcanzar en el año 2000 por primera vez en su historia la Presidencia de México, manteniendo el cargo hasta 2012 (presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón). Desde entonces, año en el que el PRI recupera la Presidencia y la mayoría en el Congreso de la Unión de la mano de Enrique Peña Nieto, el PAN se ha mantenido como segunda fuerza en las dos Cámaras y detenta la gobernación en 11 Estados, de los cuales uno de ellos es Veracruz.

En 1989 Cuauhtémoc Cárdenas, ex dirigente priista e hijo del histórico Lázaro Cárdenas, fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido que se ubicará hasta la actualidad hacia la izquierda de la oferta partidaria de México e incluso aceptado como miembro de la Internacional Socialista. Desde la creación de Ciudad de México en 1996 el PRD es el sello partidario que gobierna dicho distrito[2]. Actualmente, además, gobierna en Guerrero, Michoacán, Morelos y Tabasco. Cabe señalar que posteriormente, su dos veces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (o AMLO), se diferenció del PRD y dio origen a un nuevo partido político, MORENA (Movimiento Regeneración Nacional).

En las últimas elecciones, el PRI perdió 7 de las 12 gubernaturas en juego. Los líderes del “partido tricolor” son conscientes de ello. De esta forma se explican las últimas declaraciones del candidato priista para el Estado de México, Alfredo del Mazo, asegurando que seguirá “el camino de dios” a favor “de la vida y la familia”[3]. Así, se entiende la actual estrategia del PRI: la alianza con sectores cristianos y evangélicos de la mano del flamante partido que ingresa a su tradicional coalición (Verdes y Nueva Alianza), Encuentro Social.

La política subnacional

En Coahuila el PRI, partido oficialista, muestra tendencia a formar coaliciones electorales con partidos pequeños bajo el nombre “Por un Coahuila Seguro”. Del total de partidos que componen la coalición, dos son fuerzas políticas nacionales: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (NA). Sin embargo 4 de ellas son locales: Revolución Coahuilense; Campesino Popular; Socialdemócrata Independiente y Partido Joven. Por otro lado, el PAN, principal opositor, se presenta bajo la coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila”, unidos a Unidad Democrática de Coahuila, Partido Primero Coahuila (PCP) y Encuentro Social.

Estas coaliciones se mantienen para las elecciones de Gobernador, pero no así para la de Diputados locales. La coalición “Por un Coahuila Seguro” es incongruente para las distintas categorías ya que los partidos que la componen (excepto el PCP) compiten separados por los cargos legislativos uninominales para los 16 circuitos electorales de Coahuila. Por su parte Alianza Ciudadana mantiene su congruencia: eso quiere decir que los partidos que se juntan para una elección en un cargo no se enfrentan entre sí para la elección en otro cargo.

En tanto para el Estado de México, donde se elige gobernador, compiten el PAN contra la coalición conformada por el PRI, PVEM, NA y el Partido Encuentro Social, este último nuevamente confronta con su aliado en Coahuila, el PAN. A diferencia de las alianzas en Coahuila, Veracruz y Nayarit, el PRD presenta su candidato junto con el Partido del Trabajo (PT). Cabe señalar que estos dos Estados que celebrarán elecciones, Estado de México y Coahuila, son bastiones del PRI desde hace 87 años.

Por su parte, en Veracruz se observan dos coaliciones: “Contigo el Cambio Sigue”, compuesta por el PRD y el PAN, y la coalición “Que Resurja Veracruz” formada por el PRI y el PVEM.  En este distrito, tanto Nueva Alianza como Encuentro Social compiten por fuera de las coaliciones armadas por el PRI y el PAN respectivamente.

En 2016 el Estado de Veracruz celebró por primera vez, en más de ocho décadas, la alternancia en el poder: la alianza PAN-PRD le ganó al PRI la gubernatura. Sin embargo, esta última sigue siendo la principal fuerza del Estado al gobernar 93 de los 212 municipios, mientras que el PAN y el PRD suman en conjunto 78. El partido tricolor, que es quien más arriesga en estas elecciones, se encuentra aún golpeado por la situación del ex-gobernador priista Duarte, en prisión desde el 2017 (meses antes había solicitado licencia en su cargo) por acusaciones de corrupción.

Finalmente, en Nayarit, el PAN y el PRD se unen nuevamente en “Juntos por Nayarit”, sumando al Partido del Trabajo y al Partido de la Revolución Socialista. A su vez se enfrentan a la coalición “Nayarit de Todos” compuesta por el PRI, PVEM Y NA. Por su parte, el Partido Encuentro Social esgrime en soledad a su candidato.

Una serie de aspectos dan cuenta de la relación entre los partidos políticos mexicanos y se hacen visibles en este acto electoral. Tal como sostiene Reynoso (2011), el PRD, el PAN y el PRI (luego de su derrota en el 2000) mantienen una estrategia clara de alianzas electorales donde hacen jugar a los partidos regionales. Los partidos que no son ni el PRI, PRD ni PAN pudieron sobrevivir con relativo éxito. Con una clara orientación pragmática pudieron aggiornarse a los cambios en el mercado político convirtiéndose de este modo en partidos importantes del sistema de partidos mexicano: lograron adaptarse con una estrategia subsidiaria de alianzas con partidos mayoritarios en aquellas secciones electorales/distritos donde los grandes partidos (PRI, PAN y PRD) no logran imponer su propia mayoría. Así, los partidos minoritarios aumentan su capacidad de chantaje al poder inclinar la balanza de hacia alguno de los partidos que se disputan el poder (Méndez Arriaga, 2012).

¿Quiénes son los candidatos?

En los Estados que elegirán nuevo Gobernador, el oficialismo nacional se presenta en alianza con otros partidos, principalmente con el PVEM y NA. En el Estado de México el candidato más fuerte de esta alianza es el primo del presidente, Alfredo del Mazo, con trayectoria política priista durante el gobierno de Peña Nieto en su tierra natal. Algunas de sus propuestas son el denominado “salario rosa” (remuneración a amas de casa por tareas domésticas) y una política fuerte en seguridad. En Coahuila, el candidato de dicha alianza es Miguel Ángel Riquelme, quien lleva sobre sus hombros serias acusaciones por corrupción durante su desempeño como alcalde de Torreón (cargo que dejo en diciembre del 2016). Por su parte, en Nayarit, el candidato es Manuel Cota Jiménez, también del PRI, quien renunció a su banca en el senado de la República para lanzarse a la competencia por el estado.

En el caso del PAN, que solo compite individualmente en el Estado de México, lleva a la exdiputada Josefina Vázquez Mota como candidata, mientras que tanto en Coahuila como en Nayarit se presenta en alianzas. En el primer caso, con los partidos locales Encuentro social, Partido Primero Coahuila (PPC) y Unión Democrática de Coahuila (UDC), proponen a Guillermo Anaya Llamas, muy cercano al expresidente Felipe Calderón (2006-2012); y en Nayarit, en alianza con el PT, el PRD y el Partido de la Revolución Socialista (PRS) alza la candidatura del empresario e hijo del exgobernador, Antonio Echevarría García.

Finalmente, en relación a MORENA, su apuesta más fuerte es la expresidenta Municipal, Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México. Sus candidatos para las otras gobernaciones son los expriistas Miguel Ángel Navarro Quintero, en Nayarit y Armando Guadiana en Coahuila.

Por su parte, el PT compite en alianza con el PAN y el PRD en Nayarit mientras que lleva candidatos propios en Coahuila, José Ángel Pérez, y en el Estado de México a Oscar González Yañez. Por su parte los partidos independientes presentan 7 candidaturas.

Consideraciones Finales

Sin lugar a dudas, estas elecciones son una gran antesala para las elecciones del 2018, donde se elegirá, entre otros cargos, el de Presidente de la República. En esta línea, los partidos políticos deberán ordenarse en función de la realidad política en cada uno de los Estados, como así también contemplar estrategias de cara a las elecciones federales.

Para estas elecciones tanto el PRI como el PRD son los partidos que más ponen en juego: en el primer caso, el PRI tiene como principal desafío recuperar su rol predominante en un sistema de partidos que se ha tornado competitivo tanto a nivel nacional como en las elecciones estatales y locales. Así también, deberá ordenarse de cara a las elecciones presidenciales venideras en un actual contexto de rechazo hacia el actual Presidente (un sondeo realizado en el mes de mayo arroja que Peña Nieto tiene una imagen negativa por encima del 80%[4]).

Por otro lado, el PRD es un partido que fue ganando espacio en el sistema electoral mexicano hasta convertirse en el representante más eficaz de la izquierda del país. Sin embargo, la ruptura de López Obrador y la creación de MORENA lo vuelven tan sólo un competidor más dentro de ese espectro ideológico, rodeado tanto por MORENA hacia la izquierda como por el PRI hacia la derecha.

Por su parte, el PAN supo delinear estrategias de coalición con el PRD (entre otros socios) a nivel subnacional, lo que sin lugar a dudas lo posiciona como una alternativa al PRI en los distritos donde se realizarán las elecciones. En esta línea, el partido de Ricardo Anaya Cortés intentará terminar de consolidar una posición unificada de cara a las elecciones del 2018. Así, fiel a su estilo de respetar las instituciones, deberá dar el salto que lo posicione como el principal partido mexicano.

Finalmente, el panorama de MORENA es más que auspicioso, un partido relativamente joven, que pone poco en juego para estas elecciones, y que a su vez tiene una posibilidad de constituirse como una alternativa política de cara a las elecciones federales del 2018.

Referencias

[1] Un sistema electoral mixto es aquel que, según la literatura especializada, utiliza dos fórmulas distintas para distribuir los cargos públicos en juego: algunos se reparten siguiendo un criterio proporcional y otros bajo un criterio mayoritario.

[2] La Ciudad de México, ex Distrito Federal, se constituyó como ciudad en 1996, posee una Carta Orgánica, elección de autoridades y una organización similar a la de una Entidad Federativa.

[3] http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/05/18/camino-de-dios-nos-llevara-al-triunfo – http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-camino-de-dios-y-la-fe-es-el-que-nos-llevara-a-triunfar-del-mazo.html

[4] http://diario.mx/Nacional/2017-01-18_cd02a07e/aprueba-12-gestion-de-pena-nieto/

Honduras y la celebración de primarias

By Iván Seira, Julia Farías Güizzo, Martín Ferreiro y Sofía Santamarina.

Editor: Ignacio Lara.

Diseño: Ramón González.

El próximo 12 de marzo, Honduras celebrará elecciones primarias donde se definirán los candidatos presidenciales, legislativos y municipales para las elecciones generales de noviembre, cuando los centroamericanos elijan nuevo presidente, 128 diputados, 298 corporaciones municipales integradas por un alcalde y sus respectivos regidores y las diputaciones al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Ahora bien, es importante señalar que solo tres de los partidos hondureños participarán de estas primarias: el oficialista Partido Nacional (PNH), su tradicional opositor, el Partido Liberal (PLH), y mucho más joven, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Los partidos minoritarios, la Democracia Cristiana, Unificación Democrática, y PINU-SD, no celebrarán internas, sino que se someterán a la voluntad del electorado en las elecciones generales de noviembre. Cabe destacar que las primarias son abiertas, es decir, no resulta necesario encontrarse afiliado a ninguno de los partidos políticos que participen de la contienda electoral.

Es importante señalar que los procesos de selección de candidatos son disímiles a lo largo y ancho del mundo, y Honduras no es la excepción. Diversos trabajos propios de la Ciencia Política han distinguido al proceso de selección de candidatos como una de las principales actividades de los partidos políticos.

Sin embargo, las elecciones internas no fueron moneda corriente en Honduras y emergieron como resultado del contexto político e institucional de 1985. En 1982 luego de diez años de dictadura militar, Roberto Suazo Córdova es elegido como presidente en las urnas, venciendo el Partido Liberal por sobre el Partido Nacional. Habiendo finalizado su mandato, el aquel entonces Presidente hondureño llevó adelante un intento de extender su mandato en contraposición a lo establecido en la Constitución. El por entonces diputado Roberto Micheletti llamó a una constituyente para extender por dos años el mandato de Córdova, pero ante el fracaso, el presidente quiso imponer su propio candidato, Óscar Mejía Arellano, generando una crisis política.

Por su parte, en el Partido Liberal, José Azcona se ungió como líder del partido en una campaña en contra del aquel entonces presidente Córdova. Es así como tanto el PLH y el PNH poseían más de un candidato a la presidencia hondureña.

Frente al temor de la irrupción al régimen democrático y con un congreso en contra, los partidos consensuaron celebrar elecciones internas y generales a la vez. En el acuerdo se sumarían la totalidad de votos de los candidatos por partido, consagrándose ganador aquel con mayoría de votos. A su vez, el candidato más votado dentro de dicha fuerza sería el ungido como presidente. El resultado arrojó como candidato más votado a Rafael Callejas, del Partido Nacional, que, sin embargo, no fue el partido más votado. El Partido Liberal, habiendo obtenido mayor cantidad de votos que su rival, consagró como presidente a José Azcona Del Hoyo.

Escenario Actual

Para esta elección en particular competirán un total de 17 movimientos internos de tres partidos, el Partido Nacional, el partido Liberal y LIBRE. Así el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció para el Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández tres corrientes internas: por un lado, el “Movimiento Nacional Callejista” (Monarca) liderada por Roberto Ramón Castillo; “Juntos por más cambios” y “Unidos por la nueva Honduras”; estos últimos dos impulsan la candidatura del actual presidente Hernández.

Por su parte, El Monarca, nacido en los años 90, es el movimiento nacionalista más antiguo que actualmente lleva como candidato presidencial a Roberto Ramón Castillo Callejas, designado por su ex líder, Rafael Leonardo Callejas, quien está atravesando un proceso legal por los hechos de corrupción en la FIFA.

En el PLH cinco movimientos internos presentan candidatos: el “Movimiento unámonos por Honduras” que lleva como candidato presidencial a Enrique Ortéz  Sequeira, el “Movimiento por Honduras, por nosotros” con Luis Zelaya como candidato presidencial; el “Movimiento nuevo liberalismo” que lleva a Gabriela Núñez como su candidata a presidente; el “Movimiento nueva actitud” con José Eduardo Martell como candidato a presidente y por último, el “Movimiento alianza popular progresista” quien lleva como candidato presidencial a Carlos Montoya.

En el caso de LIBRE, la del 12 de marzo será su segunda experiencia con primarias. Esta vez, nueve serán los movimientos internos de LIBRE que se presenten: “POR” (Pueblo Organizado), “Somos +”, “Pueblo Libre”, “FE” (Fuerza y Esperanza), “FRP” (Fuerza de Refundación Popular); “Avancemos”, “Movimiento 5 de Julio”, “M28 Poder Para Vos” y “MRP”.

Los protagonistas de esta elección interna serán: por el PNH, Roberto Ramón Castillo, quien lidera el movimiento nacionalista más antiguo.

Por otra parte, se encuentra Juan Orlando Hernández, quien es el actual presidente de Honduras y fue protagonista del proceso de reforma constitucional que habilita la reelección del presidente. Hernández fue diputado en el Congreso Nacional por el departamento de Lempira desde 1998 y presidente entre 2010 y 2013.

En tanto los principales protagonistas del PLH serán: Enrique Ortéz Sequeira, quien se constituye como un dirigente tradicional del partido. Ex magistrado del TSE durante el golpe del 2009, con un apellido de larga tradición en el partido, que data de cuatro generaciones familiares como dirigentes partidarios.

A su vez, competirán con el Luis Zelaya, ex rector de UNITEC (Universidad Tecnológica Centroamericana). Candidato proveniente de la academia, representante de un amplio sector de la juventud del PLH; Gabriela Nuñez, ex ministra de finanzas bajo el gobierno de Roberto Micheletti, presidenta del banco central de 2006 a 2007; José Eduardo Martell, hijo de un ex embajador hondureño y presidente del Tribunal Disciplinario del PLH, representa una propuesta más amplia, con una renovación partidaria y  Carlos Montoya, ex presidente del Congreso Nacional, representa un ala tradicional del PLH, contando con una importante estructura partidaria a nivel nacional.

Finalmente, por LIBRE, la principal candidata es Xiomara Castro de Zelaya, esposa del ex presidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, que representa la continuidad y apoyo al gobierno del ex mandatario. Fue candidata durante las elecciones del 2013.

Sistema de partidos en perspectiva histórica

Es importante mencionar que el país caribeño experimentó lo que en la Ciencia Política se denomina “la tercera ola democratizadora”, adoptando nuevamente un régimen democrático en el año 1982, habiendo atravesado casi veinte años bajo un régimen autoritario. Para el 2009, con una democracia más experimentada, las fuerzas armadas hondureñas llevaron adelante un golpe de Estado: en un operativo nocturno, detuvieron y deportaron al entonces presidente liberal, Zelaya, poniendo fin a su mandato tras meses de enfrentamiento del representante del PLH con el Congreso. Y como bien señala Aníbal Pérez-Liñán[1], la pérdida del escudo legislativo trajo consigo una crisis en el Poder Ejecutivo, que culminó con los sucesos del 2009. Es por ello que el sistema de partidos del país centroamericano ha tenido que adaptarse a un nuevo escenario político, con instituciones endebles y un presidente destituido.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en la década del 70, el golpe no dio lugar a la emergencia de un régimen autoritario. Muy por el contrario, aquellos actores que habían propiciado la remoción del presidente constitucional resolvieron recurrir prontamente a nuevas elecciones. Este cambio de paradigma puede ser explicado a través de una serie de variables, entre las cuales se encuentra el cambio en el escenario internacional, que ha aumentado sensiblemente los costos de adoptar instituciones autoritarias. En esta línea, los politólogos Steve Levitsky y Lucian Way[2] señalan que, a partir de los 90, tras el colapso de la Unión Soviética, el modelo democrático se tornó hegemónico en el bloque occidental. En este nuevo escenario, la instauración de regímenes autoritarios como fue concebida durante mediados de siglo se ve condicionada por la presión de la comunidad internacional.

Por su parte, el noruego Leiv Marsteintredet[3] señala, en un estudio realizado en 2008, que las interrupciones presidenciales son enfrentadas por los mismos regímenes presidenciales a través de mecanismos más flexibles, lo que implica que no necesariamente un golpe de Estado tradicional, como el suscitado en Honduras, traiga consigo la instauración de un régimen autoritario, sino que los mismos funcionan como un procedimiento de control, o rendición de cuentas, sobre los actos gobierno de los Presidentes en ejercicio, donde los ciudadanos rechazan a los gobernantes que ellos mismos eligieron años atrás.

Pero lo que cambió después del 2009 no fue sólo la constitución sino también el sistema de partidos. Hasta el momento, Honduras, tenía un sistema bipartidista, tal como se observa en el gráfico 2, con bajos niveles de polarización y distancia programática e ideológica: el Partido Liberal (PLH) y el Partido Nacional (PNH) disputaban el poder. Las elites políticas de ambas organizaciones lograban negociar reformas políticas y electorales, pactando en las crisis y haciéndole frente a las luchas intrapartidarias, fortaleciendo así el statu quo[4]. Empero el problema de representatividad del sistema de partidos en el 2009[5] produjo una división al interior de los partidos tradicionales (PLH y PLN) y el surgimiento de nuevos (Libre, Faper, PAC y Alianza Patriótica).

A raíz del golpe 2009, el sistema de partidos hondureño atravesó un proceso implosión y diversificación, con el surgimiento de nuevos actores en la escena partidaria del país caribeño. Así en el PLH se encontraban por un lado el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), a favor de convocar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y pro Zelaya, y por otro lado defensores del golpe: la Unión Cívica Democrática (UD)[6].

En el año 2012, provenientes del FNRP y situados a la izquierda del espectro ideológico[7], surgen los partidos Libertad y Refundación (Libre) y el Frente Amplio Político Electoral de la Resistencia (Faper), ambos de raíz movimientista, nutridos por organizaciones sociales y ex militantes del PLH. Sin embargo, también nacieron fuerzas conservadoras: el Partido Anticorrupción (PAC) creado por el outsider Salvador Nasralla, cuyo programa remarcaba la lucha contra la corrupción y pro institucionalidad y la Alianza Patriótica Hondureña, creado por quien fuera jefe de la FFAA con Zelaya, el general retirado Romeo Vásquez Velásquez.

Es importante sumar los elementos institucionales previos que contribuyeron al inicio del fin del bipartidismo: la reforma electoral de 1993, que permitió la elección separada de alcaldes y la de 1997, que impulsó la boleta separada en elecciones presidenciales, legislativas y municipales, facilitaron la entrada de “partidos emergentes”[8] como el PINU, PDCH Y PUD. En síntesis, Honduras atravesó un proceso por el cual, en 1993 se permitió la elección separada en una única boleta, para luego implementarse en 1997 papeletas individuales. Ya para el 2005, a través de una enmienda constitucional, se implementaron las boletas abiertas para la elección de congresistas, con un sistema de representación proporcional y boleta separada, lo cual generó mayor autonomía de los candidatos respecto a los partidos y llevó a un modo más local hacer campaña. Al mismo tiempo, las primarias abiertas e internas alteraron las cúpulas de las organizaciones: quien venza en las primarias se lleva el apoyo del partido y su estructura al momento de gobernar.

Sumado al contexto institucional conflictivo, se presentó el enfrentamiento del Ejecutivo con sectores empresariales por las políticas adoptadas y de Zelaya con el propio PLH, aumentando la polarización en un sistema, que no supo atender las demandas sociales hondureñas. De esta forma el país caribeño llegó al 2017 con 3 partidos encabezando la elección presidencial y un total de 17 movimientos internos.

No menor es que, en 2015, la sala constitucional del máximo órgano judicial hondureño emitió una resolución por la cual declaraba inaplicable la prohibición de la reelección. La inaplicabilidad del artículo 239 se fundamentó, paradójicamente, en otro artículo constitucional: el 45. Este establece que no han de regir en el país disposiciones que disminuyan el derecho a participar en la vida política de la nación.

El levantamiento de la prohibición de la reelección ha tenido efectos inmediatos sobre la política hondureña: el candidato más fuerte dentro de las internas del partido nacional, y uno de las figuras mejor posicionadas de cara a la elección general de noviembre de 2017, es precisamente el actual presidente Juan Orlando Hernández. Es claro que, de haberse mantenido vigente el artículo 239, el escenario electoral sería otro.

Perspectivas para una elección general

Tal y como fue mencionado, la historia electoral hondureña durante los últimos años ha atravesado sus claroscuros, dificultando así la consolidación de un sistema de partidos estable y poniendo en jaque a las instituciones del régimen democrático.

Es por ello que la adopción de mecanismos de democracia interna por parte de los partidos políticos aparenta ser una señal de madurez por parte de los mismos. La consolidación de mecanismos de elecciones internas será de vital importancia para ordenar la oferta partidaria y democratizar el proceso de selección de candidatos, poniéndolo ahora en cabeza del electorado y no como una decisión discrecional por parte de las elites partidarias.

Para la elección del 12 de marzo, será crucial evaluar el comportamiento de las corrientes que compiten hacia el interior de cada uno de los partidos, para lo cual será fundamental evaluar el grado de disciplina partidaria con la que cuentan los partidos tradicionales hondureños En otras palabras, si los derrotados hacia el interior de cada uno de los partidos se alinean bajo el candidato electo en las elecciones generales, o deciden brindar su apoyo a algún candidato ajeno a su partido de origen. Esto será determinante para el desarrollo de las elecciones generales en noviembre.

Con la reciente mutación del sistema de partidos y los cambios institucionales que atravesó Honduras durante los últimos quince años, resulta difícil pensar en un escenario claro en materia de resultados electorales, situación que se magnifica con la reciente oficialización de múltiples candidaturas internas por parte de los partidos políticos tradicionales.

Sin lugar a dudas, los vaivenes del país centroamericano, en lo que a su historia electoral concierne, la convierten en una nación atractiva para futuros análisis políticos.

Referencias

[1] Pérez-Liñán, Anibal, 2009. “Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

[2] Levitsky, Steve y Way, Lucian, 2004. “Elecciones sin Democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo”. Medellín: Estudios Políticos N° 24.

[3] Marsteintredet, Leiv, 2008. “Las consecuencias sobre el régimen de las interrupciones presidenciales en América Latina”. Salamanca: América Latina Hoy.

[4] . Torres, Manuel. 2011. “El terremoto institucional y la necesidad de un nuevo inicio”. Tegucigalpa: CEDOH.

[5] Otero, Patricia. “Honduras: Elecciones presidenciales y legislativas”. Salamanca: OIR.

[6] Ruhl, Mark. 2010.” Honduras unravels”. Journal of Democracy N° 21

[7] Otero, Patricia. “Honduras: Elecciones presidenciales y legislativas”. Salamanca: OIR.

[8] Ibídem

Estados Unidos: Un nuevo escenario, un nuevo desafío

Los comicios del 8 de noviembre no sólo decretaron el triunfo de Trump, sino que también prolongaron el dominio de los republicanos en el Congreso.  Contra todas las previsiones, los republicanos lograron retener el control de ambas cámaras legislativas. Se abre ahora un nuevo escenario, con dos de los tres poderes del estado bajo dominio republicano, algo que no sucedía desde el 2004.

Estas elecciones echaron luz, nuevamente, sobre algunas particularidades del sistema electoral estadounidense, como por ejemplo las consecuencias en términos de representación que conlleva el Colegio Electoral. Así, el recuento definitivo arrojó la noticia que Hillary Clinton obtuvo un total de 61.324.576 votos (232 electores), mientras que Donald Trump cosechó 60.526.852 votos (290 electores); es decir, la candidata demócrata obtuvo una ventaja de casi 1.000.000 de votos sobre el republicano, pero fue el magnate quien obtuvo victorias en aquellos Estados claves que le garantizaron los 270 electores mínimos requeridos para convertirse en el 45º presidente del país.

Sin embargo, esto no es nuevo, ha sucedido anteriormente en cuatro oportunidades. El último antecedente ocurrió en el año 2000 cuando el Republicano George W. Bush llegó a la Casa Blanca, aún cuandoel demócrata Al Gore había obtenido 540.520 votos más.

El congreso que viene

La batalla más reñida se libró en torno a la nueva composición del Senado. Recordemos que la cámara alta estadounidense está integrada por un total de 100 congresistas, dos en representación de cada Estado. Éstos son elegidos a simple pluralidad de votos en sus respectivos territorios y permanecen en el cargo por un período de seis años. Al igual que la cámara de representantes, la cámara de senadores se renueva cada dos años, pero, a diferencia de aquélla, la renovación es parcial: en cada elección se pone en juego un tercio del total de las bancas. En las pasadas elecciones entraron en disputa 34 bancas, 24 de ellas pertenecientes a senadores republicanos. Los conservadores lograron retener 22 escaños, en tanto que los demócratas no sólo conservaron las 10 bancas propias que estaban en juego, sino que obtuvieron otras dos. Los 22 escaños retenidos, sumados a otros 30 que no habían entrado en juego en esta elección, le permiten hoy al Partido Republicano conservar una mayoría de 52 bancas, contra 46 de los demócratas y 2 independientes. La diferencia entre ambos partidos es ciertamente reducida, pero le asegurará Trump que, en tanto mantenga un apoyo cohesivo de su partido, no se verá forzado a negociar con los líderes demócratas.

Por su parte en la cámara baja, el triunfo republicano fue aún más resonante. Integrada por 435 diputados, todos ellos elegidos en circunscripciones uninominales y por simple mayoría, la cámara de representantes se renueva en su totalidad cada dos años. De las 435 bancas que se pusieron en juego, 247 estaban en manos republicanas y 188 en manos demócratas. Por lo tanto, la renovación total ofrecía al partido del presidente Obama una buena oportunidad para recuperar control sobre la cámara. Sin embargo, la victoria fue para los Republicanos, quienes lograron imponerse en 237 distritos.

Este resultado favorecerá sin lugar a dudas la gobernabilidad de Trump, en tanto le será menos costoso negociar con los legisladores para aprobar leyes y gobernar con apoyo legislativo. Sin embargo, es importante considerar los intereses de un sector del Partido Republicano pueden diferir de las decisiones de Trump, más aun considerando que el magnate es un outsider, es decir, no fue proviene del partido y por lo tanto no responde a las elites partidarias. Así, dado el estrecho margen con el que cuentan los republicanos, será un desafío para el presidente electo mantener la disciplina partidaria para que sus legisladores lo acompañen en el Congreso. Así también habrá que prestar especial atención al comportamiento legislativo del bloque Demócrata, especialmente de aquellos congresistas que responden a Bernie Sanders, principal detractor de Trump en las elecciones presidenciales, cuyo poder de denuncia y negociación podrá alterar los humores de los bloques parlamentarios.

En esta línea, la historia norteamericana, muestra que ningún partido ha tenido, desde el 2000, mayoría en ninguna de las cámaras.

El control republicano sobre el congreso es de una relevancia vital para la dinámica política estadounidense. En primer lugar, porque aumenta los niveles de gobernabilidad y la capacidad del Ejecutivo de negociar con los Legisladores. Recordemos que, enfrentado con un congreso mayoritariamente republicano, en más de una ocasión, Obama no logró aprobar su presupuesto, quedando completamente paralizado el aparato gubernamental. Por otra parte, la muerte del Juez Scalia ha dejado una vacante en el Tribunal Supremo, que el presidente entrante deberá llenar con la aprobación del legislativo. El predominio republicano en el congreso permitirá a Trump cumplir una de sus principales promesas de campaña: reemplazar al fallecido Juez por un magistrado de su preferencia.

¿Por qué Swing States?

Sin lugar a dudas los llamados Swing States se constituyeron como uno de los principales protagonistas en la elección. Así, Estados como Carolina del Norte, Iowa o Florida terminaron influyendo de manera directa en el resultado de la elección. Tal y como se muestra en los gráficos la infografía, los Estados considerados Swing reparten 134 electores, siendo necesarios 270 para consagrarse en la elección. Así, el siempre controversial resultado de Florida y la sorpresa en los Estados de Pensilvania, donde Hilary Clinton realizó su acto de cierre de campaña, por citar los casos más resonantes, cambiaron sin lugar a dudas el curso de la elección.

Otro de los aspectos llamativos en la dinámica política norteamericana es la estructuración del voto en torno a características económicas y sociales del electorado. Entre los votantes blancos, que corresponden a un 69% de los electores, el 58% votaron por el candidato republicano, mientras que el 37% lo hicieron por Hilary Clinton. Por su parte, los votantes de color, 31% del electorado, votaron en un 74% por Clinton y en un 21% a Trump. En tanto, los hombres blancos votaron en un 63% por Trump y en un 31% por Clinton, y las mujeres votaron en un 53% por Trump y un 43% por Clinton. Otro de las divisiones que ordenaron el voto fue la formación de los votantes. Entre los graduados universitarios, un 45% votaron por Clinton. Así, podemos ver como el voto norteamericano se estructuró principalmente en torno a clivajes de centro/periferia y de capital/trabajo. Si se observa un mapa con los resultados históricos de las elecciones presidenciales estadounidenses, rápidamente advierte que el centro geográfico del país invariablemente permanece rojo, en tanto que la costa oeste y el norte de la costa este se muestran predominante Demócratas.

Esta distinción territorial nos indica que al interior de la sociedad norteamericana coexisten dos realidades bien diferenciadas. En las áreas costeras, la población vive en grandes urbes, donde la economía se ha recuperado rápidamente de la crisis del 2008, donde el discurso liberal, multicultural y cosmopolita ha penetrado con gran intensidad, donde la globalización ha mostrado su cara más próspera.

Por el contrario, en el centro, en el interior profundo de los Estados Unidos, la población se reparte entre quienes viven en las zonas rurales, históricamente más conservadoras y refractarias al discurso liberal de los demócratas, y aquellos que habitan las grandes urbes manufactureras, en auge durante los 50 y 60, pero crecientemente postergadas en la era postindustrial. Desde comienzos de los noventa, la matriz productiva de los Estados Unidos comenzó a mutar. Lentamente pasó de economía manufacturera, a una economía de servicios, que apuesta de lleno por la industria del conocimiento y la tecnología. Sin duda, esta metamorfosis contribuyó a un nivel macro para reimpulsar el crecimiento, pero expulsó del tren del progreso a una porción considerable de la sociedad norteamericana. El cierre de las grandes industrias manufactureras dejó un ejército de obreros calificados en las calles, obligados a elegir entre el desempleo y trabajos precarios en el sector terciario. Fue precisamente ante este electorado, en crisis, crecientemente relegado, postergado por las fuerzas de la globalización, que el discurso conservador y proteccionista de Trump cobró fuerza.

Para el cierre, otro dato de la estampida republicana: también llegó a las gobernaciones. De los 12 Estados en disputa el Partido Republicano obtuvo 6, lo que le permitió conservar una mayoría de gobernaciones. De los 50 estados 34 son gobernados por los Republicanos, 15 por los Demócratas y solo 1 Independiente (Alaska).

Los republicanos conservaron tres de los cuatro Estados que tenían en juego, Dakota del Norte, Indiana y Utah y arrebataron tres al Partido Demócrata, Vermont, New Hampshire y Missouri. Por su parte los demócratas, se quedaron con Washington, Montana, Oregon, West Virginia, Delaware y Carolina del Norte, este última fue la única gobernación Republicana que los Demócratas pudieron ganar.

Conclusiones

Sin lugar a dudas las elecciones estadounidenses del 8 de noviembre sacudieron la escena política internacional. Fueron también una fiel expresión de muchas de las particularidades anglosajonas en materia electoral, tal y como los efectos del sistema electoral, la importancia de los swing states y en mayor medida, las divisiones en función a las que se ordena el voto norteamericano.

Así, un nuevo escenario político se constituye en los Estados Unidos, abriéndose una gran incógnita sobre los desafíos que tendrá el presidente electo de cara a los próximos años. Sin lugar a duda, entre los principales obstáculos que tendrá que sortear podemos pensar en garantizar la gobernabilidad y una buena relación con el Congreso, en conservar su legitimidad y en abrir diálogos con minorías y grupos en defensa de intereses específicos.

Elecciones en tiempos de transformación

A pesar de las distintas tensiones y demandas hacia las democracias de América Latina, sea en términos de los resultados, de la performance de los gobiernos, como por los canales de participación e incidencia de la sociedad civil en la cosa pública, el hecho de poder celebrar elecciones, se ha transformado en un pilar inquebrantable –y saludable- de los regímenes políticos latinoamericanos, al menos de los últimos 30 años.

Las elecciones son percibidas como un instrumento que los ciudadanos consideran importante para poder incidir y modificar el entorno en el que viven. De hecho, si se toman en consideración los datos de Latinobarómetro (2015), el 60,6% de los encuestados en toda la región latinoamericana manifiesta que el modo en el cual uno vota puede influenciar el futuro. Sin embargo, más allá de esta creencia, se mantiene la crisis de representación de la ciudadanía en general para con los representantes, ya que más del 70% manifiesta no sentirse representado por el Poder Legislativo de su país, y casi el 64% sostiene lo mismo respecto al Gobierno.

En este marco, Asuntos del Sur y el Grupo de Investigación en Ciencia Política Coaliciones políticas en América Latina: análisis en perspectiva multinivel, de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), hemos decidido materializar un vínculo estratégico con el objetivo de sistematizar la información sobre cada una de las elecciones que se desarrollarán en 2017 en la región, analizando el contexto político e institucional del país en cuestión y poniendo de relieve aquello qué está en juego en cada una de ellas (legislativas o ejecutivas; nacionales, provinciales/estaduales). Esta información servirá al público interesado para tener un panorama general previo al acto electoral, que irá luego acompañado por un análisis de lo que las elecciones dejaron, una vez obtenidos los resultados finales.

En este sentido, nuestra intención es producir y difundir información de calidad  sobre los procesos electorales de la región, y contribuir a dotar de contenido los debates políticos en nuestras democracias, que decididamente no se agotan con el proceso electoral, pero que sin éste perderían todo sentido.

Este vínculo estratégico nace en un momento en el que el panorama político-electoral de América Latina se encuentra en proceso de cambio. Luego de casi una década y media en la que gran parte de los países de la región presentaba -con diversos matices y especificidades- gobiernos de corte progresista, en los últimos dos años pareciera que el “giro a la izquierda” viró en sentido contrario. Este año será, así, una suerte de “pre-estreno” de lo que vendrá en el 2018, cuando se votará a presidente en seis Estados de la región, alguno de los cuales fueron sus verdaderos baluartes, como Brasil y Venezuela. Sin embargo, el 2017, que tiene solo tres elecciones presidenciales, tendrá momentos claves para la región, como la definición del jefe de gobierno en Ecuador y Chile, o las legislativas en Argentina.

De hecho, el año electoral latinoamericano comenzó justamente con las elecciones para suceder a Rafael Correa y elegir representantes para la Asamblea Nacional. En esta elección presidencial, ningún candidato pudo garantizarse la cantidad de votos necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que el oficialista Lenin Moreno (39,35%) y el opositor Guillermo Lasso (28,1%), quedaron como los dos candidatos a disputarse la segunda vuelta, que será el próximo 2 de abril. Será un momento crucial para el país y la región, dado que una victoria de Moreno significaría mantener un bastión importante del progresismo regional, mientras que una victoria de Lasso reafirmaría la voluntad de un cambio de signo -ideológico, pero sobre todo de contenido de políticas- al frente de los gobiernos de la región. En lo que respecta a los resultados legislativos, la oficialista Alianza País mantendría la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ya que, según resultados parciales de la CNE, detentaría entre 72 y 75 bancas de 137.

Las otras dos elecciones para definir presidencias en América Latina tendrán lugar en Honduras y Chile. En el primer caso, se desarrollarán las elecciones primarias el 12 de marzo, y luego el 26 de noviembre será el turno de las generales, en las que se votarán para presidente, diputados nacionales, diputados del Parlamento Centroamericano, alcaldes y concejales. En cuanto a Chile, el 17 de noviembre se realizará la elección para definir la presidencia y los legisladores para el período 2018-2022, en donde pareciera perfilarse la disputa entre dos ex presidentes: Ricardo Lagos y Sebastián Pinera.

Junto a las tres mencionadas elecciones, en este 2017 será importante lo que ocurra con elecciones legislativas en Argentina, en las cuales el oficialismo se juega una importante apuesta: si la coalición Cambiemos resultase victoriosa, se le allanaría el camino para terminar con cierta holgura su mandato y plantarse con mayor fuerza de cara a las elecciones del 2019, mientras que una derrota –a manos del Partido Justicialista, en sus distintas expresiones– volvería considerablemente complicada la gobernabilidad de corto plazo para el oficialismo.

Por último, aunque no por ello menos importante, este año también presenta citas electorales en México y en Bolivia. En el país azteca, el 4 de junio habrá elecciones en cuatro Estados: Veracruz, donde se decidirá el futuro político de 212 municipios; México, que elige gobernador; Nayarit, donde además de la gobernación están en juego 20 municipios y 30 diputados al Congreso estatal; y Coahuila que, como en el caso anterior, define gobernador, 38 municipios y 25 diputados estaduales. En el caso boliviano, en noviembre se desarrollarán comicios jurisdiccionales, en los que se elegirán nuevos miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como también para el Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal Agroambiental y para el Consejo de la Magistratura.

Como se ve, el panorama político de la región se presenta desafiante en términos analíticos. Las elecciones serán varias. Los resultados diversos. Los datos disponibles, muchos. Esta alianza estratégica espera poder brindar los elementos suficientes para comprender de manera más acabada el panorama político local y regional. Desde AdS y @CoalicionesGICP los invitamos a sumarse leyendo, comentando y difundiendo los análisis.

Las puertas están abiertas. De elecciones vivimos.